Demandarán a exfuncionarios por caso de Iker
El gobierno de Fabián Pineda trató de encubrir que, a bordo de la camioneta que atropelló a la familia, iba uno de sus familiares
La administración de San Juan del Río procederá legalmente en contra de los exfuncionarios públicos del período 2012-2015 que no resolvieron la indemnización a favor de una familia que fue atropellada por un trabajador del municipio y que dejó como saldo un menor de edad muerto.
De acuerdo con el alcalde Guillermo Vega Guerrero el gobierno en turno solventará el pendiente mediante el pago por 6 millones de pesos y posteriormente se abrirán los procedimientos jurídicos para sancionar a quienes comparecieron a nombre del municipio y no cumplieron.
Explicó que, el caso, desde un inicio no era tan grave porque la persona que causó el accidente pudo resolverlo por su cuenta; sin embargo, la entonces administración de Fabián Pineda Morales decidió intervenir bajo el argumento de que se trataba de un empleado del municipio, cuando en realidad lo que trataban era encubrir que la persona que iba como pasajero era el hermano del entonces alcalde Fabián Pineda Morales.
“Una vez que se acredite el cumplimiento de la resolución, he dado instrucciones para que de inmediato se inicie un proceso administrativo, así como un procedimiento jurídico civil o penal contra aquellos que le hicieron tal daño al patrimonio de los sanjuanenses, con no cumplirle con el pago a los papás del niño que murió atropellado por quien fuera escolta de la familia del expresidente”.
El presidente municipal consideró que si bien, el tema es administrativo, es conveniente que la ciudadanía conozca el por qué algunas de las acciones por parte del gobierno local pueden generar un retraso y es que no se tenía considerado un pago de indemnización tan fuerte.
“En un origen se trataba de una responsabilidad por parte del escolta, pero en virtud de que se manejó que en el vehículo iba el hermano del presidente (Fabián Pineda), asumo que para pagarle el silencio al chofer que atropelló al niño y para no decir quién iba en esa unidad, el gobierno local adquiere la obligación de pagar la indemnización por la muerte del menor. El municipio saca al chofer de la cárcel”.
