Agresores que dejen cicatrices a mujer podrán ir hasta 15 años a prisión

La Comisión de Justicia, presidida por la diputada María del Pilar Ortega Martínez, aprobó con 20 votos a favor, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia del delito de violencia en razón de género.

Ortega Martínez explicó que a quien infiera alteración en la salud o daño producido por causa externa que deje huella material en el cuerpo de una mujer en razón de su género, se le impondrán de 10 a 15 años de prisión.

Se considerará que hay razón de género cuando concurran circunstancias como: la alteración o el daño y que éste sea infamante o degradante y que existan datos que establezca que se han cometido amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso, violencia del sujeto activo en contra de la víctima o que esta haya sido incomunicada.

Mencionó que lo que se adiciona como razones de género “es un elemento importante para clarificar y darle elementos, tanto al Ministerio Público como al juez, en el momento de tener, la comisión de lesiones en razón de género contra una mujer”.

También, dijo, se señalan conductas en lugar de medios comisivos; es decir que se agrave la pena si la alteración del daño resulta en una enfermedad incurable o provoque la inutilidad permanente o la pérdida de cualquier órgano, extremidad o función orgánica, y cuando la alteración o daño ponga en peligro la vida de la mujer.

La diputada Ana Ruth García Grande (PT) expresó que estas reformas desdoblan los elementos que se han considerado como lesiones por cuestión de género. “Este ejercicio nos permite legislar con perspectiva de género”.

Verónica Beatriz Juárez Piña, diputada del PRD, señaló que es sustancial lo que se propone, pues ayuda a la hora de la aplicación de la norma, ya que “es algo que debemos dejar claro y plasmado para que no haya dudas en el tema de la violencia en razón de género”.

El diputado Rubén Cayetano García (Morena) se congratuló con la aprobación de este dictamen; sin embargo, pidió clarificar si existen antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima.

Del PAN, la diputada Mariana Dunyaska García Rojas se manifestó por acotarse a lo que establece la ley para erradicar la violencia contra la mujer, “podemos hablar de tipos y modalidades, sin especificar los ámbitos”.

Además, la Comisión aprobó el dictamen que reforma los artículos 50 Bis y 50 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a fin de prever que la autorización para intervenir comunicaciones privadas será otorgada por el juez de control, de conformidad con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Otro dictamen aprobado, adiciona un artículo 258 Bis al Código Nacional de Procedimientos Penales, con la intención de incluir las omisiones en la investigación, así como las medidas de apremio para Ministerio Público.

De igual modo, la instancia legislativa avaló el dictamen que reforma el artículo 140 del Código Penal Federal, a efecto de sancionar a quien dañe, destruya, perjudique o ilícitamente entorpezca las funciones de las empresas productivas del Estado.

También acordó reformar el artículo 343 Bis del Código Penal Federal. Su finalidad es incrementar la penalidad dispuesta a quien cometa el delito de violencia familiar y se plantea perseguirlo de oficio.

La Comisión de Justicia también aprobó el dictamen que exhorta a la Fiscalía General de la República a publicar un informe sobre el estado procesal de las investigaciones que eran realizadas por la extinta Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que incluya la ubicación de la unidad administrativa que las tiene bajo resguardo.

De igual modo, avaló el dictamen que solicita a la Fiscalía General de la República, a las fiscalías y procuradurías de cada estado, reajustar las normatividades para la apertura de carpetas de investigación en casos de feminicidios.

Un dictamen más, solicita a la Fiscalía General de Veracruz, informe del estado en que recibieron las averiguaciones previas y carpetas de investigación sobre los homicidios dolosos o feminicidios en los últimos 17 años, ocurridos en la reserva ecológica conocida como Molino de San Roque o Santuario de las Garzas.

Otro dictamen pide al Consejo de la Judicatura de Tabasco investigar si existió irregularidad en las medidas de protección o atención urgente en el juicio penal por violencia familiar, cuya audiencia debía celebrarse el 26 de septiembre de 2019