Advierte Canacintra sobre contratación de outsourcing ilegal

Con la llegada de la pandemia y el desempleo, el número de empresas que contratan servicios ilegales de outsourcing, incrementó; así lo dio a conocer el perito en contabilidad, Mauricio Juárez Sánchez, presidente del Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas, A.C.

En la plática virtual “Consecuencias de contratar un Outsourcing ilegal”, organizada por la Canacintra Querétaro que encabeza el presidente Jorge Rivadeneyra Díaz y la Comisión de Mujeres Industriales, encabezada por Lourdes Barrios Pérez; el ponente apuntó que el outsourcing puede ser una estrategia muy útil para los márgenes de ganancia de una empresa y para fines de productividad; sin embargo dijo, con la finalidad de evadir impuestos, este servicio se ha utilizado mucho, a partir de la llegada de la pandemia y el desempleo, como consecuencia, el número de empresas que contrata servicios ilegales de outsourcing incrementó.

Este evento dirigido a los socios de Canacintra, de manera gratuita, tuvo el objetivo de conocer las consecuencias legales y fiscales de la contratación del servicio de outsourcing ilegales, cómo identificarlos y de qué manera proceder contra ellos.

Mario Juárez Sánchez advirtió que entre las consecuencias que puede enfrentar una empresa al contratar un servicio ilegal de este tipo, se encuentran multas e infracciones que van desde 20 hasta 350 salarios mínimos, aparte de la liquidación del monto total de lo que no se haya pagado; de 3 meses a 9 años de prisión por defraudación de regímenes del Seguro Social y; cubrir adeudos fiscales evadidos por contratar una empresa de outsourcing ilegal y comprobar que estén cubiertos.

“Las consecuencias jurídicas de contratar una empresa informal e ilegal de outsourcing de personal, pueden ser graves y acabar económicamente con tu negocio, además de dañar la reputación de tu empresa, por mantener relaciones comerciales fraudulentas”.

Finalmente, el presidente del Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas, agregó que estas prácticas abaratan el costo de la mano de obra, afectando los ingresos de los trabajadores y sus prestaciones: “en general, socava derechos básicos laborales, como: estabilidad en el empleo, reparto de utilidades, antigüedad laboral, derecho de adquirir un crédito para vivienda, vacaciones, aguinaldo, entre otros”.