PRI Querétaro cuestiona gasto millonario en plebiscitos municipales
Abigail Arredondo pide priorizar servicios, infraestructura y movilidad para la ciudadanía.
El PRI Querétaro fijó una postura crítica frente al gasto en plebiscitos municipales, al considerar que representan un uso ineficiente de recursos públicos que podrían destinarse a resolver necesidades urgentes de la ciudadanía en servicios, infraestructura y movilidad.
La presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Querétaro y diputada federal, Abigail Arredondo Ramos, señaló que, si bien el partido respalda la participación ciudadana, no se debe normalizar el uso de plebiscitos como instrumentos de propaganda política, especialmente cuando no son vinculantes y no obligan a las autoridades a acatar sus resultados.
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó los calendarios y presupuestos para los plebiscitos solicitados por los municipios de Cadereyta de Montes y Querétaro capital.
En Cadereyta, la consulta está programada para el 22 de marzo de 2026, con un costo de 7.9 millones de pesos, mientras que en la capital se prevé para el 27 de abril de 2026, con un gasto de 30.5 millones de pesos, recursos que saldrán de los presupuestos municipales.
Alternativas con impacto social
Arredondo Ramos subrayó que, en Cadereyta, esos recursos podrían destinarse a resolver conflictos laborales y fortalecer la estabilidad financiera del ayuntamiento, así como atender daños en caminos, puentes y comunidades afectadas por lluvias.
En Querétaro capital, destacó que montos similares ya se han utilizado para reparación de vialidades y que, con menor inversión, se puede dar mantenimiento y ampliar la red de ciclovías, acciones con beneficios inmediatos para la población.
De cara a 2026, la dirigencia estatal del PRI advirtió sobre una reforma político-electoral que, a su juicio, busca concentrar el poder y debilitar la autonomía de los órganos electorales. En contraste, reiteró su respaldo a iniciativas con impacto social, como la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas, que beneficiaría a millones de personas trabajadoras.
