Con el objetivo de proteger a la niñez y adolescencia en Querétaro y cerrar vacíos legales que permiten la violencia, diputadas y diputados del Grupo Legislativo del PAN presentaron una iniciativa para sancionar la cohabitación forzada y homologar el Código Penal del Estado con el Código Penal Federal.
La propuesta fue encabezada por el coordinador del grupo parlamentario, Guillermo Vega Guerrero, junto con las diputadas María Leonor Mejía Barraza, Juliana Rosario Hernández Quintanar, Alejandrina Verónica Galicia Castañón, el diputado Luis Antonio Zapata Guerrero y la ex diputada federal Jacqueline Hinojosa Madrigal, en representación de la activista Eufrosina Cruz.
La diputada Leonor Mejía Barraza explicó que la iniciativa busca adicionar al Código Penal un Capítulo de Cohabitación Forzada, para sancionar a quienes obliguen a personas menores de 18 años —o sin capacidad para consentir— a vivir en condiciones equiparables al matrimonio. Subrayó que, aunque el matrimonio infantil está prohibido, las uniones informales siguen ocurriendo y constituyen una grave forma de violencia.
Las uniones forzadas, afirmó la legisladora, vulneran derechos fundamentales como educación, salud, libertad, autonomía, igualdad y no discriminación, además de perpetuar la desigualdad. Citó datos de INEGI y de Save the Children que evidencian que más de 313 mil niñas, niños y adolescentes viven en uniones tempranas en México, donde el 76% son niñas.
Sanciones y agravantes propuestas
La iniciativa incorpora el artículo 169 Bis, que prevé penas de 8 a 15 años de prisión, multas económicas y reparación del daño. Las sanciones aumentarían cuando exista parentesco o relación de poder. “Proteger la infancia no es opcional; es una obligación del Estado”, enfatizó Mejía Barraza.

Voces de las víctimas y respaldo institucional
En representación de Eufrosina Cruz, Jacqueline Hinojosa recordó la lucha histórica contra el matrimonio y la cohabitación forzada, y llamó al Congreso de Querétaro a priorizar la dignidad y libertad de las niñas. La iniciativa retoma esfuerzos federales impulsados desde la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, fortaleciendo la coordinación institucional para garantizar justicia y bienestar social.




