La Diputada Laura Patricia Polo Herrera del grupo parlamentario de Morena, presentó en Oficialía de Partes una iniciativa de reforma en materia de salud, educación y derechos humanos para prevenir la obesidad y sobrepeso en niñas, niños y adolescentes.
Con base que el artículo 4º de la Constitución Federal señala expresamente que el Estado mexicano debe velar por el interés superior de las y los menores el cual está por encima de cualquier otro interés.
“Los legisladores deben impulsar acciones legislativas para salvaguardar y dar cumplimiento con este mandato Constitucional; es importante mencionar que hasta el momento todas las medidas que el Estado mexicano ha impulsado para inhibir el consumo de los alimentos chatarra, como son el gravar con más impuestos y recientemente los etiquetados frontales, no han demostrado su eficiencia, ya que los índices de obesidad y sobrepeso van en aumento en casi todo el país, de tal manera que tenemos que crear medidas lo más efectivas posibles.”
Esta medida puede generar afectaciones a un sector de la industria y el comercio, pero también es cierto que la obesidad y el sobrepeso en los infantes y en la población en general, repercute en una serie de enfermedades crónicas que tienen un alto impacto en el presupuesto estatal, y como sucede actualmente en la pandemia de COVID, es causa de los altos índices de mortalidad.
Con esta propuesta se busca que haya un cambio en el hábito alimenticio de los menores que redunde en su salud actual y futura y con ello una vida más digna, además de que se abre la oportunidad de que la industria y el comercio exploren otras formas de procesar y vender productos más sanos.
Cabe señalar que no se prohíbe la venta de bebidas azucaradas y alimentos procesados con alto contenido calórico y bajo valor nutricional (comida chatarra) sino que se busca limitar la venta y entrega de estos productos en establecimientos comerciales, de tal manera que los adultos pueden seguir adquiriendo estos productos.
Con esta iniciativa, además, se busca que padres y tutores ejerzan su responsabilidad en la alimentación de las y los menores, ya que serán estos los que decidirán si entregan estos productos y la cantidad a quienes tienen bajo su tutela.
La propuesta busca ampliar las facultades de las autoridades de salud, educativas, y mandata a los municipios para que a más tardar en 6 meses aprueben las medidas administrativas para el cumplimiento y vigilancia.
