Legislatura desarrolla sesión de pleno

En Sesión de Pleno, los diputados Guillermo Vega Guerrero, Juan José Jiménez Yáñez, Graciela Juárez Montes, Ricardo Astudillo Suárez y Manuel Pozo Cabrera, integrantes de la Junta de Coordinación Política, formularon un acuerdo por el que propusieron la designación del maestro Raúl Manríquez Huerta como magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia, para que funja durante el período comprendido del 15 de febrero de 2023 al 14 de febrero de 2035.

Debido a que Ley Orgánica del Poder Judicial refiere que el Tribunal Superior de Justicia debe estar integrado por 13 magistrados propietarios y 8 supernumerarios, electos por un período de años, y encontrándose una vacante debido a que el pasado 10 de febrero, fue publicada en la Sombra de Arteaga, la jubilación del Lic. José Antonio Ortega Cerbón.

Por lo que la Junta de Coordinación Política propuso al Mtro. Raúl Manríquez Huerta, Lic. en Derecho por la UAQ con especialidad en Derecho Notarial y maestro en Derecho Procesal Constitucional; su experiencia laboral la realizó en el Poder Judicial Federal como oficial judicial en diversos juzgados; actuario secretario, proyectista y de acuerdos.

Por unanimidad de los diputados se aprobó la propuesta, por lo que, encontrándose presente el funcionario en el recinto, rindió la propuesta de ley en el Pleno de la Legislatura y ante la Mesa Directiva de esta.

En otro punto del día, el diputado Ricardo Astudillo Suárez, integrante de la Junta de Coordinación Política, dio lectura al Acuerdo por el que ese órgano legislativo propuso al Pleno la designación del maestro César Manuel Segura Tirado como consejero representante del Poder Legislativo del Estado ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado para el período comprendido del 30 de junio de 2023, al 29 de junio de 2027.

El Consejo de la Judicatura debe estar integrado por cinco miembros: el presidente del TSJ, dos consejeros nombrados por el Pleno del Tribunal, un consejero designado por la Legislatura y uno más por el Poder Ejecutivo local, quienes durarán en su cargo 4 años.

Así, la Junta de Coordinación Política propuso la designación del maestro Cesar Manuel Segura Tirado, quien es Lic. en Derecho por la Universidad Mondragón; maestro en Derecho Corporativo, estudios de doctorado en Derecho por la UAQ; su experiencia laboral en servicios de asesoría corporativa, litigio en Derecho Privado y Familiar.

Por su parte la presidenta de la Mesa Directiva, Liz Selene Salazar Pérez informó que toda vez que en fecha de la sesión anterior el pleno de la LX Legislatura aprobó la designación de la Lic. Alejandra Pérez Uribe como titular del Órgano Interno de Control de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro, para el periodo comprendido del 1 de mayo de 2023 al 31 de mayo de 2029, y toda vez que los dos funcionarios se encontraban presentes en el recinto legislativo, se les tomó protesta de ley ante el Pleno de la Legislatura.

De igual manera, los diputados aprobaron el Dictamen de la “Iniciativa de Ley del Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro”; presentada por la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos electorales

Con esta iniciativa se crea el Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, como un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, dotado de autonomía técnica, operativa y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, como un centro público de investigación creado en reconocimiento a la aportación histórica de nuestra Entidad Federativa a la vida constitucional de la Nación, sectorizado a la Secretaría de Cultura del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

En otro punto del orden del día se aprobó el Dictamen de la “Iniciativa de Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Querétaro y de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro para Prohibir los Castigos Corporales y Castigos Humillantes”; presentada por la Comisión de Familia y Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Se plantea que la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Civil, ambos del estado de Querétaro, contemplen la prohibición explicita del uso del castigo corporal y humillante de quien ejercen la patria potestad o quienes tengan bajo su cuidado a niñas, niños y adolescentes, con el objeto de proteger en todo momento los derechos de menores.

Asimismo, aprobaron el Dictamen de la “Iniciativa de Decreto por el que se declara el 19 de marzo de cada año, como el “Día Estatal de las personas profesionales y trabajadoras de la Salud, que perdieron la vida en el cumplimiento de su labor, durante la pandemia de covid-19”; presentada por la Comisión de Salud.

El presente Acuerdo consiste en incluir el reconocimiento y ejercicio de memoria que se realizaría con la declaratoria que se propone, a todas las personas dedicadas a la salud que fallecieron durante la etapa de la pandemia de Covid-19, sin que sea un obstáculo o una excluyente, no haber sido diagnosticadas con la enfermedad, pues, como ya se ha señalado, la crisis sanitaria fue de tal magnitud que ni siquiera en la actualidad tenemos cifras certeras sobre estas afectaciones.

Lo anterior, en reconocimiento a su labor, a su alta responsabilidad con su profesión y con la población, por su gallardía y por la dedicación a su trabajo.

Finalmente se aprobó el Dictamen de la iniciativa de “Acuerdo por el que respetuosamente, la Sexagésima Legislatura del Estado, exhorta a los dieciocho Municipios del Estado de Querétaro a que, en el ámbito de su competencia, implementen acciones, manuales o protocolos para prevenir, erradicar y sancionar la violencia política de género, al interior de sus administraciones”; presentado por la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos.

En los considerandos del dictamen se destaca que los municipios representan finalmente un escenario plural importante de las acciones de administración pública, cercanos a la población y que deben, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, realizar políticas públicas para evitar cualquier tipo de discriminación al interior de sus órganos y dependencias.