Benjamín Vargas Salazar, presentó su Informe Anual de Actividades ante la Legislatura

En Sesión Solemne de Pleno de la LX Legislatura del estado de Querétaro, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Luis Antonio Zapata Guerrero, recibió el Informe Anual de Actividades correspondiente al año 2021, del titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del estado de Querétaro, Benjamín Vargas Salazar.

Durante su Quinto Informe de Actividades, el funcionario destacó que la Fiscalía Anticorrupción de Querétaro es constante en la aplicación de la ley para quienes cometen delitos de corrupción, por lo que este organismo autónomo cuenta con un equipo especializado integrado por personal pericial, policial y ministerial.

Señaló que con el trabajo interdisciplinario, realizado en el periodo de marzo de 2021 a febrero de 2022, lograron aumentar en un 100 por ciento las sentencias condenatorias obtenidas por hechos de corrupción, en comparación del año inmediato anterior.

Mencionó que la confianza en las denuncias se ha mantenido, al iniciar este año de actividades con 51 carpetas de investigación, de las cuales se han judicializado 14, por los delitos de cohecho, peculado, desempeño indebido y abandono del servicio público, desempeño irregular de las funciones públicas, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, delitos contra la administración de justicia, falsificación y uso indebido de documentos falsos o alterados, así como destrucción, alteración o daño de actuaciones u objetos relacionados con ellas.

Ante los legisladores, comentó que en este último año de gestión, se logró la vinculación a proceso de 18 personas; entre ellas destacó a quienes ocupaban los cargos públicos de Presidente Municipal, Director de Finanzas municipal, Notario Público, Juez Cívico, personal de Protección Civil municipal, personal administrativo estatal, personal operativo para el uso de la fuerza pública municipal y estatal, así como particulares.

Informó que durante este mismo periodo se les impuso sentencia condenatoria a 15 personas, tanto servidoras públicas como particulares; y que el aumento del 100 por ciento en sentencias, se ve reflejado en el acumulado de 39 años de prisión y más de 22 años de inhabilitación para desempeñar cargos públicos en el ámbito estatal y municipal.

Añadió que los delitos por los que fueron sentenciados son: peculado, cohecho cometido por servidor público, negociaciones ilícitas, desempeño indebido del servicio público y delitos contra la administración de justicia en materia de combate a la corrupción, así como sustracción, destrucción, alteración o daño de actuaciones u objetos relacionados con ellas o con el lugar de los hechos delictivos.

El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Benjamín Vargas Salazar, refirió que a través de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), se ha debilitado la capacidad financiera de quienes cometen delitos de corrupción; por lo que se han realizado diversos aseguramientos de dinero, así como diez vehículos de alta gama y bienes inmuebles, por un monto de más de 21 millones de pesos.

Afirmó que en cinco años de administración, la Fiscalía Anticorrupción ha judicializado 68 carpetas de investigación, por lo que se ha logrado la vinculación a proceso de 90 personas servidoras públicas y particulares; 31 han sido sentenciadas y acumulan la imposición de más de 100 años de prisión. En tanto, las demás personas continúan con su proceso penal y su conclusión de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Expresó que el Grupo Especializado de Policía Anticorrupción mantiene una eficiencia del 100 por ciento en el cumplimiento de mandamientos de autoridad; y que a través del análisis de información, se generaron 154 productos de inteligencia, se realizaron 517 actividades de consulta a diversas fuentes de información, y adicionalmente se llevaron a cabo 200 solicitudes de información a dependencias, tanto federales como estatales, así como mil 393 actos de investigación.

El Fiscal Anticorrupción, Benjamín Vargas Salazar advirtió que hoy, nadie que ejerza un cargo público puede excusarse en la función que desempeña para no afrontar la justicia; que la reparación del daño ha sido una constante, así como la obtención de sentencias condenatorias, con la respectiva inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en la administración pública.