Diputados de Querétaro analizan junto con TSJ Reforma al Poder Judicial

Diputados de la Legislatura local se reunieron con el magistrado presidente del Poder Judicial, Braulio Guerra Urbiola, en el evento denominado “Diálogos de la Transformación para la reforma al Poder Judicial”, contando con la presencia de la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Andrea Tovar Saavedra; de la coordinadora del Grupo Legislativo del PT, Claudia Díaz Gayou; del coordinador del Grupo Legislativo de Morena, Edgar Inzunza Ballesteros; de la coordinadora del PVEM, Perla Patricia Flores Suárez, de Movimiento Ciudadano, Teresita Calzada Rovirosa; del diputado Independiente, Ulises Gómez de la Rosa; y del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Homero Barrera Mcdonald.

La presidenta de la Mesa Directiva, Andrea Tovar, dijo que es importante que se ponga sobre la mesa la reforma al Poder Judicial y se den los espacios en donde todos aporten sus opiniones y hacer que esta reforma avance, informó que ya está discutida a nivel nacional, pero se tiene que tropicalizar en el estado.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Homero Barrera, dijo que este es el primer encuentro celebrado con el fin de conocer las distintas impresiones que tiene el Poder Legislativo y fortalecer la iniciativa de reformas al Poder Judicial, para poder dar respuesta a las voces que en el estado han solicitado justicia pronta, expedita y gratuita.

El coordinador del Grupo Legislativo de Morena, Edgar Inzunza Ballesteros manifestó profundo respeto hacia el Poder Judicial, sabedor de la complejidad de la impartición de justicia y labor complicada de definir vidas, por lo que se tiene que realizar un trabajo en conjunto para armonizar las reformas secundarias y mecanismos alternos que ayudarían en mucho a bajar el cúmulo de trabajo.

“Esta reforma es un paso para que Querétaro se beneficie de lo que implica el humanismo mexicano, buscando consolidar un esfuerzo que no es otro más que democratizar las instituciones de México y del Estado debido a que no hay una desconexión entre el pueblo y el Poder Judicial a nivel federal, pues las personas sienten que las resoluciones de los jueces atienden más a una situación de interés particular o de formalismo exacerbado y no un sentido de justicia real”, precisó Inzunza Ballesteros.

Indicó que esta reforma busca dar legitimidad a quienes imparten justicia al ser electos y someterse al escrutinio del pueblo, así se podrá llevar al ejercicio de impartición de justicia una visión más precisa de lo que el pueblo de México entiende por valor fundamental.

Por su parte la coordinadora del Grupo Legislativo del PVEM, Perla Flores, consideró que esta reforma constitucional abona a la legitimidad del Poder Judicial y a la democracia, ya que si los jueces y magistrados son elegidos por la ciudadanía, su mandato tendría una base más directa en la voluntad popular, lo que hará que el sistema judicial se perciba como más transparente y legítimo, ya que los jueces responderían ante los votantes, como cualquier otro funcionario público; además de que, en lugar de depender de otras ramas del poder, los jueces elegidos popularmente podrían verse menos influenciados por la política de la élite, lo cual fortalecería la idea de una independencia judicial; además de que, al ser electos, los jueces tendrán que rendir cuentas ante la ciudadanía.

Por su parte, la diputada por Movimiento Ciudadano, Tere Calzada indicó creer en la evolución de las instituciones, pero también, pero, indicó que los cambios deben hacerse con responsabilidad, sin poner en riesgo los principios de independencia, transparencia y profesionalismo que han caracterizado al estado. Consideró como lo positivo de la reforma, una mayor participación ciudadana, ya que permitiendo que jueces y magistrados sean elegidos por voto popular, esto podría generar un mayor sentido de representación y cercanía con la sociedad; además de que se daría un mayor combate a la corrupción al crearse un Tribunal de Disciplina Judicial que vigilaría y sancionaría malas prácticas dentro del Poder Judicial; y una mayor eficiencia en los procesos, ya que actualmente los juicios pueden tardar años en resolverse.

Calzada Rovirosa mencionó como riesgos, la politización de la justicia, ya que la elección popular podría abrir la puerta a intereses partidistas en el sistema judicial, afectando la imparcialidad de las decisiones; así como la injerencia de grupos externos si la elección queda en manos de intereses ajenos a la justicia, se podría debilitar el Estado de derecho en Querétaro; además de la pérdida de calidad en la impartición de justicia debido la eliminación de requisitos estrictos para jueces podría generar un retroceso en la profesionalización del Poder Judicial.

Por su parte, el diputado Independiente, Ulises Gómez de la Rosa, comentó que la reforma judicial y el estado de derecho son elementos indispensables no solamente para una liberación económica, sino también para la democratización política. Dijo que en el país se ha iniciado un proceso profundo de transformación en el sistema judicial, que es producto de un mandato ciudadano en la pasada elección Constitucional, y ahora toca en el estado adecuar la norma nacional a la local, por lo que toca establecer una agenda amplia, ya que es importante transitar sobre un proceso que es inminente, hacer procesos más humanizados y que el juzgador se encuentre más en contacto con la realidad social.

La coordinadora de la Fracción Parlamentaria del PT, Claudia Gayou mencionó que la reforma presentada por Morena en la Legislatura local, en la que proponen una elección extraordinaria en el 2025 para que se haga la renovación del 50% de los cargos y en el 2027 el otro 50%. Comentó que aun cuando el acuerdo expedido por el IEEQ en el que se señalan las fechas máximas para presentar propuestas 15 de enero, es inviable detener la implementación de procedimientos electorales.

En cuando al financiamiento, Díaz Gayou informó que una elección extraordinaria cuesta 236 mdp, y el estado de Querétaro tuvo de libre disposición en 2024, una partida de 4 mil 200 mdp como recursos no ejercidos, por lo que considera que la existencia de recursos no es impedimento para la realización de la elección del presente año.

El presidente del Poder Judicial, Braulio Guerra, precisó “el espíritu de estas reuniones será encontrar los caminos que permitan consolidar un proyecto de reforma que es irreversible, con características importantes que destacar y aportar y construir un escenario en donde la mejor justicia de México se imparta desde Querétaro, y este debe ser un objetivo central”.

Dijo respetar el trabajo que está realizando el Poder Legislativo a la reforma Judicial desde sus competencias, atribuciones y potestades como representantes populares.

Expresó que en el caso de quienes son magistrados y jueces y aproximadamente 1 mil 500 trabajadores que desarrollan un trabajo jurisdiccional y administrativa en el Poder Judicial terminan siendo representantes sociales; dio a conocer que el 80 por ciento de la justicia en México que imparte en los terrenos locales, es decir, que la reforma federal que viene a integrar elementos importantes de su desarrollo debe también visualizarse en su tropicalización en unas línea de revisión exhaustivas, analizada técnica y metodológica para que esa justicia local sea mejor, pensando siempre en el justiciable.

Informó que Querétaro ha sido un estado que por varios años ha sido calificado en los primeros niveles de estado de derecho; además de que el Poder Judicial ha implementado un Observatorio Ciudadano, quienes presencian los mecanismos de licitaciones, comités de compras, adquisiciones y revisiones exhaustivas para esto.

Además, el magistrado mencionó varios puntos en los que el Poder Judicial, requiere de reformas las cuales serán presentadas al Poder Legislativo para que sean analizadas en estas mesas de trabajo.