Diputada pide redistribución justa del Presupuesto 2026 para la Sierra Gorda
Blanca Flor Benítez exhorta al Gobierno de Querétaro a reorientar recursos para reducir rezagos en municipios de la Sierra Gorda y el Semidesierto.
La redistribución del Presupuesto 2026 fue el eje del llamado realizado por la diputada del XV Distrito, Ma. Blanca Flor Benítez Estrada, quien solicitó al Gobierno de Querétaro revisar la asignación de recursos con el fin de impulsar obras y servicios en beneficio de la ciudadanía de la Sierra Gorda y el Semidesierto, regiones con rezagos persistentes en infraestructura vial, servicios públicos y atención social.
La legisladora, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXI Legislatura, señaló que la propuesta actual concentra la mayoría del presupuesto en Corregidora, San Juan del Río, Querétaro y El Marqués. Ante este escenario, planteó una reorientación de al menos 1.5% del presupuesto estatal —equivalente a mil millones de pesos— hacia el resto de los municipios, lo que permitiría fortalecer proyectos prioritarios y duplicar los recursos destinados a comunidades serranas.
Municipios con necesidades urgentes
Benítez Estrada afirmó que el diseño presupuestal mantiene una lógica centralista que afecta a municipios como Pinal de Amoles, Landa de Matamoros, Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Peñamiller, Tolimán, Cadereyta y Amealco, donde urgen inversiones en caminos, servicios básicos, infraestructura educativa y atención a viviendas en riesgo. La legisladora destacó que la redistribución propuesta busca mejorar la calidad de vida de habitantes históricamente postergados.
La diputada reiteró que impulsará un Presupuesto 2026 con enfoque social, orientado a reducir desigualdades y atender primero a las regiones con mayor marginación y complejidad geográfica. Subrayó que la justicia presupuestal debe reflejarse en beneficios tangibles para las familias de la Sierra Gorda y el Semidesierto.
Recursos administrados con garantía de impacto social
Benítez Estrada puntualizó que la administración directa por parte del Gobierno del Estado también es viable, siempre que se asegure que los recursos lleguen a las comunidades que más los necesitan y se traduzcan en proyectos que mejoren su bienestar.
