Detectan irregularidades en CERESOS de Querétaro
Exhortan al Estado de Querétaro así como a la Fiscalía General del Estado para que valoren medidas que prevengan actos de autoridad que vulneren la integridad de las personas privadas de la libertad
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través del Mecanismo Nacional de Prevención para la Tortura (MNPT), generó un exhorto al estado de Querétaro así como a la Fiscalía General del Estado para que valoren medidas que prevengan actos de autoridad que vulneren la integridad de las personas privadas de la libertad, así como dignificar el trato y las condiciones en los lugares de detención e internamiento.
El MNPT solicitó designar a personal con capacidad de decisión suficiente para vigilar que se protejan los derechos humanos como lo son trato humano y digno, a la legalidad y seguridad jurídica, a la protección de la salud e integridad personal.
La información se encuentra consignada en el informe de supervisión 1/2018 dirigido al gobernador de Querétaro Francisco Domínguez Servién así como al fiscal Alejandro Echeverría Cornejo, sobre lugares de privación de libertad, tras las correspondientes visitas que realizo el organismo en junio y noviembre de 2017, por el Mecanismo a diversos lugares de detención en que se examinaron el ingreso y permanencia de las personas privadas de la libertad, así como el trato y condiciones de detención.
MNPT realizó entrevistas anónimas aplicadas a personas privadas de la libertad y conocieron situaciones de maltrato que reciben por personal de seguridad, falta de estancia digna, higiénica, con ventilación, iluminación natural y artificial, agua para el aseo personal, sanitarios adecuados y planchas para dormir, así como carencia de alimentación adecuada y suficiente.
De acuerdo con la organización las personas privadas de la libertad ejercen funciones exclusivas de la autoridad, gozan de privilegios y cobran cuotas a los demás internos para acceder a algunos servicios, lo que fomenta el autogobierno, provoca situaciones de violencia y favorece el tráfico de sustancias prohibidas.
También detecto sobrepoblación, hacinamiento; así como falta de lugares de detención, aseguramiento e internamiento para la población femenil, lo que coloca a las mujeres en situación de riesgo y vulnerabilidad; falta de áreas adecuadas para establecer comunicación privada y libre entre detenidos y defensores, lo que viola diversas disposiciones nacionales e internacionales en la materia.
La CNDH tuvo el acompañamiento de la Defensoría de los Derechos Humanos de esa entidad para visitar 34 lugares que comprenden 25 fiscalías y unidades del Ministerio Público bajo la jurisdicción de la Fiscalía General del Estado; tres centros de reinserción social y el Centro de Internamiento Especializado para Ejecución de Medidas para Adolescentes, dependientes de la Secretaría de Gobierno, así como una casa hogar del Sistema Estatal DIF, además de cuatro instituciones privadas de asistencia social, entre ellas dos casas hogar, un albergue y un instituto de rehabilitación para víctimas de maltrato, todas para la atención de menores de edad.
Fueron 21 los lugares de detención e internamiento los visitados en Jalisco con el acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuyo desglose comprende 5 Agencias del Ministerio Público, 5 Centros de Reinserción Social y 2 Centros de Tratamiento para Adolescentes, todos bajo la jurisdicción de la Fiscalía General; 2 Hospitales Psiquiátricos adscritos a la Secretaría de Salud; 6 casas hogar y un centro contra las adicciones de carácter privado.
