Analizan regulación de drones en Querétaro para garantizar seguridad ciudadana
El Congreso local revisa el marco legal para un uso responsable de drones en beneficio social.
El Congreso del Estado de Querétaro avanza en el análisis de la regulación de drones en Querétaro con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana, proteger datos personales y promover un desarrollo tecnológico ordenado. La revisión es encabezada por la diputada Andrea Tovar Saavedra, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones de la LX Legislatura.
El estudio identifica que la regulación de los Sistemas de Aeronave Pilotada a Distancia (RPAS) es una atribución federal a cargo de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), mediante la NOM-107-SCT3-2019, que establece requisitos técnicos, operativos y legales para su uso en el país. Este marco busca prevenir riesgos y garantizar operaciones seguras para la población.
Entre las obligaciones vigentes se encuentran el registro de drones ante el Registro Aeronáutico Mexicano, la certificación de pilotos remotos para actividades comerciales, la contratación de seguros de responsabilidad civil, así como esquemas de identificación obligatoria, permisos digitales para zonas restringidas y sanciones por incumplimiento.

Alcances estatales con enfoque social
Aunque no existe una ley estatal específica, el análisis reconoce disposiciones locales que inciden en la operación de drones, como la Ley de Gobierno Digital del Estado de Querétaro y la Ley de Protección Civil, que establecen medidas de prevención y coordinación ante emergencias. También se subraya la relevancia de la Ley de Protección de Datos Personales, clave para salvaguardar la privacidad de la ciudadanía ante la captación de imágenes y audio.
Propuestas para proteger a la ciudadanía
La diputada Andrea Tovar plantea acciones estratégicas complementarias desde el ámbito local, como la verificación de certificaciones, la exigencia de pólizas de seguro, y la identificación de zonas seguras de operación, incluyendo hospitales y edificios públicos. Estas medidas buscan garantizar un uso socialmente aceptable de los drones sin invadir competencias federales.



